domingo, julio 10, 2011
DEMANDA
El profesor Jorge Alberto Salcido Portillo, secretario general de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), ratificó el planteamiento de la XXXI Asamblea del Consejo Nacional del gremio, al demandar y exigir auditoría especial y directa a los procesos administrativos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como a todos los procesos administrativos del ISSSTE.
La intención es que la institución presente con exactitud en dónde, cómo y a quién se le otorgaron recursos públicos de los trabajadores y conforme a la ley se apliquen las acciones correctivas que sean necesarias, llamando a rendir cuentas a quienes en este trayecto la han administrado.
Salcido Portillo, dijo que esta posición se ha fijado en razón de que la Ley del ISSSTE en su Artículo 214, Fracción 19, obliga al Director General del Instituto a presentar informes financieros y actuariales al gobierno de la República, a través de la Secretaría de Hacienda y del Honorable Congreso de la Unión, antes del 30 de junio de cada año.
El dirigente del magisterio lagunero, lamentó que en los primeros cuatro años que debieron ser de consolidación del instituto y sus procesos administrativos, aunados a un escrupuloso cuidado de los recursos públicos y de los que aportan los trabajadores, se presentaran acciones irregulares provocando que la Secretaría de la función pública inhabilitara por 10 años y sancionará con 23 millones de pesos al señor Antonio Guzmán, quien fuera subdirector de Planeación Financiera con el licenciado Miguel Ángel Yunes y director de Finanzas con Jesús Villalobos.
Que la reforma del ISSSTE se concretó como la reforma estructural más importante realizada en el país en la última década, sin embargo, el instituto no avanza en el logro de los objetivos planteados, reflejando opacidad, centralismo e ineficiencia de quienes, desde entonces lo han administrado.
Desde principios de año se han dado a conocer por las públicas y evidentes irregularidades en la administración del ISSSTE y por los problemas que se han acumulado y que lesionan los derechos de los trabajadores: el desabasto de medicamentos, el deterioro de la infraestructura hospitalaria, las plantillas incompletas de personal médico y de enfermería en prácticamente todas las clínicas y hospitales a lo largo y ancho del país; la posposición de consultas médicas, cirugías y en general de todo tipo de intervenciones quirúrgicas; la licitación y asignación de contratos multianuales que han sido cuestionadas en diferentes medios de comunicación, así como por el ejercicio y el destino de los recursos que se autorizaron a partir de la reforma del ISSSTE.
El secretario general de la Sección 35 del SNTE, concluyó que por salud pública apoya la decisión de los grupos parlamentarios y del propio Presidente de la Cámara de Diputados para lograr los puntos de acuerdo en el Congreso de la Unión a la exigencia que se hace a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República, de aplicar auditorías especiales a la administración del ISSSTE y sancionar en su caso a los responsables.
La intención es que la institución presente con exactitud en dónde, cómo y a quién se le otorgaron recursos públicos de los trabajadores y conforme a la ley se apliquen las acciones correctivas que sean necesarias, llamando a rendir cuentas a quienes en este trayecto la han administrado.
Salcido Portillo, dijo que esta posición se ha fijado en razón de que la Ley del ISSSTE en su Artículo 214, Fracción 19, obliga al Director General del Instituto a presentar informes financieros y actuariales al gobierno de la República, a través de la Secretaría de Hacienda y del Honorable Congreso de la Unión, antes del 30 de junio de cada año.
El dirigente del magisterio lagunero, lamentó que en los primeros cuatro años que debieron ser de consolidación del instituto y sus procesos administrativos, aunados a un escrupuloso cuidado de los recursos públicos y de los que aportan los trabajadores, se presentaran acciones irregulares provocando que la Secretaría de la función pública inhabilitara por 10 años y sancionará con 23 millones de pesos al señor Antonio Guzmán, quien fuera subdirector de Planeación Financiera con el licenciado Miguel Ángel Yunes y director de Finanzas con Jesús Villalobos.
Que la reforma del ISSSTE se concretó como la reforma estructural más importante realizada en el país en la última década, sin embargo, el instituto no avanza en el logro de los objetivos planteados, reflejando opacidad, centralismo e ineficiencia de quienes, desde entonces lo han administrado.
Desde principios de año se han dado a conocer por las públicas y evidentes irregularidades en la administración del ISSSTE y por los problemas que se han acumulado y que lesionan los derechos de los trabajadores: el desabasto de medicamentos, el deterioro de la infraestructura hospitalaria, las plantillas incompletas de personal médico y de enfermería en prácticamente todas las clínicas y hospitales a lo largo y ancho del país; la posposición de consultas médicas, cirugías y en general de todo tipo de intervenciones quirúrgicas; la licitación y asignación de contratos multianuales que han sido cuestionadas en diferentes medios de comunicación, así como por el ejercicio y el destino de los recursos que se autorizaron a partir de la reforma del ISSSTE.
El secretario general de la Sección 35 del SNTE, concluyó que por salud pública apoya la decisión de los grupos parlamentarios y del propio Presidente de la Cámara de Diputados para lograr los puntos de acuerdo en el Congreso de la Unión a la exigencia que se hace a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República, de aplicar auditorías especiales a la administración del ISSSTE y sancionar en su caso a los responsables.
# posted by pastor @ 12:16 p.m. 
