jueves, diciembre 04, 2008
ANALIZAR CON SERIEDAD LA PROPUESTA
El gobernador Humberto Moreira Valdés pidió al Congreso de la Unión revisar con “toda seriedad” la propuesta enviada por el Legislativo de Coahuila, a fin de establecer en la Constitución federal la pena de muerte para “los plagiarios que torturan y matan a sus víctimas”. Después de analizar la iniciativa y antes de decidir su voto, los diputados y senadores “deberán escuchar las opiniones de los ciudadanos que representan”, exhortó el mandatario, puesto que miles de mexicanos que han participado en las marchas multitudinarias contra la inseguridad, “están hartos de vivir con miedo, en un México secuestrado por el hampa”.
Por tanto, confió en que será respaldada, ya que el “único propósito es frenar la criminalidad en el país”.
“A la par —dijo— debe reformarse todo el sistema judicial. Es decir, verificar que realmente quienes están en las prisiones sean los culpables, pues sería imperdonable que una persona condenada a muerte sea inocente”.
El martes, a propuesta de Moreira Valdés, el Legislativo local avaló por mayoría de votos presentar a su contraparte federal una iniciativa para restablecer como garantía de seguridad jurídica el derecho a la vida y decretar la pena de muerte a los raptores que asesinen a sus víctimas.
Voces en contra
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Conferencia del Episcopado Mexicano rechazaron cualquier intento de promover este tipo de sanciones.
El ombudsman nacional, José Luis Soberanes, manifestó que aplicar la pena capital resultaría peligroso por la elevada ineficiencia del Ministerio Público y el funcionamiento “poco profesional” de corporaciones como la Policía Judicial. Dijo que es contraria a los derechos establecidos en el orden jurídico nacional y a los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por México.
Los gobernadores de Sonora, Eduardo Bours; de Michoacán, Leonel Godoy, y del estado de México, Enrique Peña Nieto, dijeron respetar el trabajo legislativo de Coahuila, pero rechazaron la medida. El mandatario de Baja California, José Guadalupe Osuna, se pronunció por la “prisión vitalicia”.
Llaman a un gran debate nacional
Por su parte, César Duarte Jáquez, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, pidió analizar la iniciativa del Congreso coahuilense y no desecharla a priori. Llamó a un gran debate nacional sobre el tema: “La sociedad está agraviada, está temerosa y por ello es importante que el Congreso de la Unión sea receptivo”.
Héctor Larios, coordinador de los diputados del PAN, destacó que la pena de muerte es inconstitucional. Aseguró que su grupo parlamentario no votará en contra, porque simplemente no llegará al pleno un dictamen de esa índole.
El presidente del Senado, Gustavo Madero (PAN), rechazó la sanción y dijo que el país puede confiar en que su partido no permitirá esa modificación.
Moreira Valdés aseguró que ladrones, rateros, defraudadores y hasta narcotraficantes, pueden readaptarse, pero los secuestradores que mutilan y asesinan a su víctima por dinero no tienen remedio: “Esos ya no se componen, nunca cambian y no vamos a mantenerlos en la cárcel con nuestros impuestos”, sentenció.
Por tanto, confió en que será respaldada, ya que el “único propósito es frenar la criminalidad en el país”.
“A la par —dijo— debe reformarse todo el sistema judicial. Es decir, verificar que realmente quienes están en las prisiones sean los culpables, pues sería imperdonable que una persona condenada a muerte sea inocente”.
El martes, a propuesta de Moreira Valdés, el Legislativo local avaló por mayoría de votos presentar a su contraparte federal una iniciativa para restablecer como garantía de seguridad jurídica el derecho a la vida y decretar la pena de muerte a los raptores que asesinen a sus víctimas.
Voces en contra
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Conferencia del Episcopado Mexicano rechazaron cualquier intento de promover este tipo de sanciones.
El ombudsman nacional, José Luis Soberanes, manifestó que aplicar la pena capital resultaría peligroso por la elevada ineficiencia del Ministerio Público y el funcionamiento “poco profesional” de corporaciones como la Policía Judicial. Dijo que es contraria a los derechos establecidos en el orden jurídico nacional y a los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por México.
Los gobernadores de Sonora, Eduardo Bours; de Michoacán, Leonel Godoy, y del estado de México, Enrique Peña Nieto, dijeron respetar el trabajo legislativo de Coahuila, pero rechazaron la medida. El mandatario de Baja California, José Guadalupe Osuna, se pronunció por la “prisión vitalicia”.
Llaman a un gran debate nacional
Por su parte, César Duarte Jáquez, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, pidió analizar la iniciativa del Congreso coahuilense y no desecharla a priori. Llamó a un gran debate nacional sobre el tema: “La sociedad está agraviada, está temerosa y por ello es importante que el Congreso de la Unión sea receptivo”.
Héctor Larios, coordinador de los diputados del PAN, destacó que la pena de muerte es inconstitucional. Aseguró que su grupo parlamentario no votará en contra, porque simplemente no llegará al pleno un dictamen de esa índole.
El presidente del Senado, Gustavo Madero (PAN), rechazó la sanción y dijo que el país puede confiar en que su partido no permitirá esa modificación.
Moreira Valdés aseguró que ladrones, rateros, defraudadores y hasta narcotraficantes, pueden readaptarse, pero los secuestradores que mutilan y asesinan a su víctima por dinero no tienen remedio: “Esos ya no se componen, nunca cambian y no vamos a mantenerlos en la cárcel con nuestros impuestos”, sentenció.