NOTI-SNTE SECCIÓN 35

Hay una crisis de seguridad sin precedentes en el municipio.
A raíz del zafarrancho de la madrugada del lunes entre preventivos municipales y agentes de la PFP, que en realidad son militares enrolados como policías, la ciudad prácticamente quedó sin vigilancia, al punto que el alcalde de Gómez Palacio, Ricardo Rebollo, en un gesto que se agradece, ofreció de inmediato 100 policías municipales a Torreón.
No hubo una respuesta de parte de José Ángel Pérez, quien por lo visto sigue pensando si acepta o rechaza la oferta pese a que ayer por la mañana los propios jefes policiacos de Torreón reconocían que sólo se encontraban en servicio 13 patrullas, pues decenas de patrulleros dejaron de laborar debido a que corrió el rumor en la corporación de que cuanto patrullero se presentara a laborar sería detenido ipso-facto por agentes de la PFP.
Cabe destacar que la tropa ha estado a merced de las arbitrariedades y el trato despótico de los federales, que han llegado a las oficinas centrales de la DSPM a intimidar al personal pues desde la sede de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en la Ciudad de México se dio la versión de que los 35 policías municipales detenidos el lunes estaban al servicio del Cártel del Golfo y recibían de 2 mil a 10 mil pesos por semana por los servicios prestados a la mafia.
El alcalde había sido advertido hace más de un año de que la corporación estaba contaminada por el narcotráfico, pero no hizo nada.
Su argumento era de que no le daban indicios ni pruebas de que tal cosa estuviera ocurriendo en ‘su corporación’, y mientras éstas no se presentaran no podía actuar.
Pero esa explicación en principio es falsa pues muy al principio de su administración el entonces jefe operativo de la DSPM, Víctor Ramos Galindo, le mostró varios videos en los que se veía a los patrulleros recibir dinero de los puchadores del poniente de la ciudad, pero el alcalde tampoco hizo nada.
O sea que con pruebas o sin pruebas Pérez Hernández se negó e intervenir.
Esa fue la razón por la que Ramos Galindo salió finalmente de la corporación, porque vio que el cáncer crecía y las autoridades nada hacían -ni hicieron- para detenerlo.
Con el paso del tiempo el problema se fue agravando al grado que los policías que acudieron al llamado de una voz que está por identificarse, pero que parece ser de un tal comandante García, que los llamaba a defender a los detenidos por la PFP en las inmediaciones del Instituto Superior de Estudios Policiales del Estado, ubicado en Matamoros, pesó más que los dos llamados en sentido contrario hechos por Alfredo Castellanos, lo que dejó en evidencia que en los hechos el mando ya no lo tenía éste sino el de la voz, el tal comandante García.
Eso fue lo que llevó al alcalde a cesar al jefe policiaco, quien de inmediato abandonó el mismo lunes la ciudad quizás por temor a alguna represalia.
La profunda crisis en que se encuentra sumida la DSPM sólo podrá superarse con un proceso de depuración a fondo y de aplicación de exámenes de confianza a todos los elementos, como ya lo había anunciado el propio Castellanos.
El problema es que en los hechos la corporación se encuentra prácticamente desmantelada y con la moral de buena parte del personal por los suelos.
Por absurdo que parezca, de acuerdo al alcalde el principal responsable de la situación que enfrenta la DSPM es el gobierno del Estado.
Pero en las condiciones en que se encuentra la seguridad de más de medio millón de torreonenses, en extremo precarias, es absolutamente inaceptable que se siga atizando el enfrentamiento y la división entre autoridades e instituciones de la misma entidad.
La ciudadanía exige seguridad y esa es labor directa de las autoridades de los tres niveles de gobierno, pero en este caso de José Ángel Pérez y Humberto Moreira.
La sociedad exige hoy más que nunca que haya coordinación entre autoridades e instituciones de seguridad a nivel municipal y estatal, pero por desgracia en vez de coordinación hay relaciones de conflicto.
El alcalde debe tranquilizarse y olvidarse de la virulencia verbal, que sólo conduce a polarizar y enrarecer un ambiente ya de por sí sobrecargado, en tanto que el gobernador Moreira está obligado a hacerse presente en Torreón y a escuchar a las autoridades municipales y a todos los sectores productivos, en esta hora de crisis.
Juntos deben o debemos encontrar la salida de este oscuro callejón.