jueves, agosto 07, 2008
A PAGAR LOS PLATOS ROTOS
Mario Gálvez NarroLuego de la resolución de la Suprema Corte sobre la constitucionalidad de la Secretaría de Desarrollo Regional -SDRL-la posición del secretario del Ayuntamiento y principal artífice de la controversia, Rodolfo Walls, quedó muy menguada, de allí que el alcalde haya optado por relevarlo de la Secretaría y encargarle la Dirección de Planeación, un puesto más técnico que político y donde el funcionario pasará el último tramo del actual trienio.
A nivel estatal la resolución de la Corte no tuvo mayor trascendencia, pues fuera de algún comentario del secretario de Gobierno, Armando Luna, quien como Director Jurídico de la propia Secretaría asumió la defensa de la SDRL en la controversia constitucional, no hubo mayores reacciones en el gobierno del Estado sobre el particular, lo que evidencia que éste no parece tener intenciones de capitalizar el asunto y menos hacer leña del árbol caído.
En cambio, muy distinta ha sido la postura de José Angel Pérez, quien desde el momento en que se conoció la resolución ha tratado de hacer creer a la opinión pública que fue el Ayuntamiento el que ganó el pleito, cuando en realidad lo que legitimó la Corte con su resolución fue la legalidad y constitucionalidad de la Secretaría de Desarrollo Regional; legalidad y constitucionalidad que siempre puso en duda el Ayuntamiento, de allí precisamente que haya optado por presentar la controversia constitucional contra la existencia misma de la Secretaría.
Lo paradójico del caso es que la Corte resolvió el fondo del asunto cuando el fondo de la inconformidad de José Angel Pérez ya no existía como titular de la Secretaría en cuestión; es decir cuando Eduardo Olmos, su adversario en la contienda por la alcaldía, ya había dejado la dependencia a fin de poder registrarse como aspirante a una diputación local (por el Distrito XII).
Los únicos gananciosos en este absurdo pleito fueron los abogados contratados por el Ayuntamiento, los que se embolsaron más de 4 millones, según algunas fuentes, o más de 5 millones según otras. Millones de pesos que, en todo caso, pudieron haber sido utilizados de manera más constructiva en beneficio de la ciudad y sus habitantes.
¿Quién o quiénes los repondrán en el Ayuntamiento? En sentido estricto debieran ser los promoventes de la controversia, pues en ningún caso -ganara o perdiera el Ayuntamiento la demanda, como finalmente ocurrió- la ciudad y el pueblo de Torreón iban a obtener algún beneficio en ese absurdo pleito.
La resolución de la Corte se dio por unanimidad debido a que el Ayuntamiento nunca pudo demostrar que la creación de la Secretaría violaba de manera flagrante la letra y el espírtiu del 115 constitucional, como aseguraba el municipio, pues nunca logró demostrar que la susodicha dependencia era una instancia intermedia entre el municipio y el gobierno del Estado, como se aseguraba.
Por eso los ministros votaron en forma unánime en torno a la legalidad y constitucionalidad de la SDRL.
Pero si hubieran votado en contra, como lo pedía el Ayuntamiento, no por ello el gobierno del Estado se iba a quedar cruzado de brazos, pues así fuera con otro nombre la dependencia seguiría en funciones en La Laguna.
José Angel Pérez y Rodolfo Walls siempre creyeron que la creación de la SDRL tuvo un propósito político y su objetivo era socavar las bases de apoyo social del municipio, pero lo cierto es que esa visión estuvo deformada por el hecho de que el titular fue Olmos Castro, es decir el adversario electoral del alcalde, pero además por una visión deformada de las intenciones del gobierno de Humberto Moreira.
José Angel Pérez ha dicho que ya no seguirá el pleito, aunque lo cierto es que ya no hay materia para otro; amén de que, por si fuera poco, las resoluciones de la Corte son inapelables y esta se dio por unanimidad.
O sea que hasta en eso el alcalde altera las cosas.
Ya no habrá pleito, pero no porque él así lo quiera sino porque el motivo de la litis ya fue resuelto de menara definitiva.
En todo caso, en este asunto los únicos perdedores fueron los habitantes de Torreón (como si no hubiese sido ya suficiente el DVR) que perdieron meses con obras públicas suspendidas, y millones de pesos tirados a la basura o -mejor dicho- que se embolsaron unos vivales.
A nivel estatal la resolución de la Corte no tuvo mayor trascendencia, pues fuera de algún comentario del secretario de Gobierno, Armando Luna, quien como Director Jurídico de la propia Secretaría asumió la defensa de la SDRL en la controversia constitucional, no hubo mayores reacciones en el gobierno del Estado sobre el particular, lo que evidencia que éste no parece tener intenciones de capitalizar el asunto y menos hacer leña del árbol caído.
En cambio, muy distinta ha sido la postura de José Angel Pérez, quien desde el momento en que se conoció la resolución ha tratado de hacer creer a la opinión pública que fue el Ayuntamiento el que ganó el pleito, cuando en realidad lo que legitimó la Corte con su resolución fue la legalidad y constitucionalidad de la Secretaría de Desarrollo Regional; legalidad y constitucionalidad que siempre puso en duda el Ayuntamiento, de allí precisamente que haya optado por presentar la controversia constitucional contra la existencia misma de la Secretaría.
Lo paradójico del caso es que la Corte resolvió el fondo del asunto cuando el fondo de la inconformidad de José Angel Pérez ya no existía como titular de la Secretaría en cuestión; es decir cuando Eduardo Olmos, su adversario en la contienda por la alcaldía, ya había dejado la dependencia a fin de poder registrarse como aspirante a una diputación local (por el Distrito XII).
Los únicos gananciosos en este absurdo pleito fueron los abogados contratados por el Ayuntamiento, los que se embolsaron más de 4 millones, según algunas fuentes, o más de 5 millones según otras. Millones de pesos que, en todo caso, pudieron haber sido utilizados de manera más constructiva en beneficio de la ciudad y sus habitantes.
¿Quién o quiénes los repondrán en el Ayuntamiento? En sentido estricto debieran ser los promoventes de la controversia, pues en ningún caso -ganara o perdiera el Ayuntamiento la demanda, como finalmente ocurrió- la ciudad y el pueblo de Torreón iban a obtener algún beneficio en ese absurdo pleito.
La resolución de la Corte se dio por unanimidad debido a que el Ayuntamiento nunca pudo demostrar que la creación de la Secretaría violaba de manera flagrante la letra y el espírtiu del 115 constitucional, como aseguraba el municipio, pues nunca logró demostrar que la susodicha dependencia era una instancia intermedia entre el municipio y el gobierno del Estado, como se aseguraba.
Por eso los ministros votaron en forma unánime en torno a la legalidad y constitucionalidad de la SDRL.
Pero si hubieran votado en contra, como lo pedía el Ayuntamiento, no por ello el gobierno del Estado se iba a quedar cruzado de brazos, pues así fuera con otro nombre la dependencia seguiría en funciones en La Laguna.
José Angel Pérez y Rodolfo Walls siempre creyeron que la creación de la SDRL tuvo un propósito político y su objetivo era socavar las bases de apoyo social del municipio, pero lo cierto es que esa visión estuvo deformada por el hecho de que el titular fue Olmos Castro, es decir el adversario electoral del alcalde, pero además por una visión deformada de las intenciones del gobierno de Humberto Moreira.
José Angel Pérez ha dicho que ya no seguirá el pleito, aunque lo cierto es que ya no hay materia para otro; amén de que, por si fuera poco, las resoluciones de la Corte son inapelables y esta se dio por unanimidad.
O sea que hasta en eso el alcalde altera las cosas.
Ya no habrá pleito, pero no porque él así lo quiera sino porque el motivo de la litis ya fue resuelto de menara definitiva.
En todo caso, en este asunto los únicos perdedores fueron los habitantes de Torreón (como si no hubiese sido ya suficiente el DVR) que perdieron meses con obras públicas suspendidas, y millones de pesos tirados a la basura o -mejor dicho- que se embolsaron unos vivales.
# posted by pastor @ 9:00 a.m. 
