NOTI-SNTE SECCIÓN 35

En poco más de año y medio, la relación entre el alcalde panista de Torreón y el gobernador priista de Coahuila ha pasado del respeto y la cordialidad al enfrentamiento abierto, en el que los únicos perdedores han sido los ciudadanos. Qué lejanos parecen ya aquellos días previos a la elección del 25 de septiembre de 2005, cuando los aún candidatos José Ángel Pérez y Humberto Moreira hablaban de coordinación, trabajo en equipo y establecer vínculos entre los distintos niveles de Gobierno en caso de triunfar en los comicios. Cuando el primero recibió la constancia de mayoría, el 28 de septiembre, se comprometió a gobernar sin partidismos ni soberbia y a no sentirse “Juan Camaney” y declaró: “Yo le estoy dando mucho seguimiento a las promesas y proyectos que Moreira tiene y coinciden con la visión que yo tengo para Torreón; empataremos esas coincidencias y en lo que no, nos sentaremos a platicar”. Dos días después de tomar posesión, el gobernador invitó a José Ángel, quien todavía era alcalde electo, a su primer arranque de obra en Torreón, en la colonia irregular Zaragoza Sur, en donde dieron el banderazo para la pavimentación de una calle, comieron unas gorditas, convivieron con la gente y luego hasta aparecieron juntos en las fotografías de la publicidad oficialdel Estado. Todo parecía ser, como dicen, miel sobre hojuelas. Y así llegó 2006. El primer semestre del año transcurrió entre buenos deseos, cordialidad y grandes proyectos. El nuevo presidente municipal deTorreón respaldaba cada frase o referencia que Moreira hacía respecto a sus acciones o planes para esta ciudad y viceversa. Que si la “cirugía mayor” al Distribuidor Vial Revolución (DVR), que si las propuestas de obra a financiar con recursos del Impuesto Sobre Nóminas (ISN); que si el fortalecimiento de la seguridad pública. Pero pronto aparecieron las divergencias. A fines de julio, luego de cinco meses de anunciados los proyectosa realizar con dinero del ISN, el rezago era evidente. De16 obras presentadas, sólo había avance en tres. José Ángel Pérezse deslindó de esta situación y atribuyó el atraso a la lentitud de los procedimientos del GobiernoEstatal. Un mes y medio después y luego de varios reclamos del alcalde en torno al asunto, Humberto Moreira lo “invitó”a compartir su enojo por la falta de celeridad en la ejecuciónde las obras ya que, dijo, la culpa no era del Estado, sino del Gobierno Federal. Cuando a principios de octubre se hizo público que la empresa regiomontana Consorcio Constructivo, con menos de un año de antigüedad y contratada por el Gobierno Estatal, tenía a su cargo 31 proyectos ejecutivos de obra en todo Coahuila y que estaba presuntamente ligada aun familiar del gobernador, JoséÁngel dijo que el Ayuntamiento de Torreón tendría que revisarlos proyectos porque no confiaba en la compañía que los elaboraba. La respuesta del Estado fue que el Municipio no tenía facultades para revisar proyectos y que, en palabras del propio Moreira, era “lamentable que se esté cuestionando cuando todo lo pones en caja de cristal”. A partir de entonces, las diferencias se volvieron cada vez más frecuentes y evidentes. Antes de finalizar 2006, el munícipet orreonense manifestó que contrario a la propuesta del gobernador coahuilense de construir más puentes con los recursos que sobraban del ISN en 2007, él prefería invertir ese dinero en obras de remozamiento del Centro Histórico con miras a las fiestas del Centenario de la ciudad. Meses más tarde, este asunto se complicaría. Pero 2007 arrancó con una nueva polémica entre las dos administraciones, ahora en el tema de la seguridad. A principios de enero, el Ayuntamiento de Torreón señaló que el Gobierno de Coahuila pretendía condicionar la entrega de los 20 millones de pesos prometidos al Fideicomiso para la Seguridad Pública a que éstos fueran utilizados exclusivamente en la reposición de patrullas y equipamiento de la Policía. A esto, el ejecutivo estatal pidió al Gobierno Municipal que se apegara al espíritu del fideicomiso, es decir, invertir los recursos en mejoramiento de la infraestructura de la corporación y no en gasto corriente o sea, pago de sueldos y salarios. Las diferencias en este tema parecieron quedar saldadas meses después con la firma de un convenio para destinar el dinero a la creación del Centro de Controlde Crisis. Luego vino el asunto de la conformación de la Secretaríade Desarrollo Regional de La Laguna (SDRL), en cuya cabeza quedaría Eduardo Olmos, excontrincante de José Ángel en la lucha por la alcaldía. Apenas el gobernador hizo el anuncio, el presidente municipal puso en tela de juicio el verdadero interésde Olmos al frente de la dependencia y expresó que esperaba que no le diera un manejo electoral a su nuevo cargo. Pero esto fue apenas el inicio de la tormenta que vendría luego. Mientras tanto, el tema de las obras a realizar con los recursos pendientes del ISN entró en un lodazal del que difícilmente se pudo salir. Estado y Municipio disputaron hasta el último la preeminencia de sus propuestas -“puentes contra plazas”- en el seno del Comité Ejecutivo del ISN; nadie cedía y fin de cuentas fueron los empresarios integrantes del organismo quienes decidieron qué hacer con el dinero. A cada Gobierno se le aprobaron algunos de sus proyectos y el debate acabó ahí. No obstante, los casos del DVR y de la SDRL desataronl os dos hasta ahora más álgidos enfrentamientos entre la Administración estatal priista y la local panista. A principios de este mes la Procuraduría General de Justiciadel Estado de Coahuila dio a conocer los resultados de la averiguación previa en torno a lasf allas en la construcción delDVR. Para José Ángel Pérez, dichos resultados simplemente no convencían “a nadie”, que la investigación “se quedó corta” y anunció que por eso no iba a permitirque se iniciara la demolición de la obra hasta que se “hicieraj usticia”. La discusión llegó al grado de que el procurador Jesús Torres llamó “ignorante”al alcalde. Luego de baterías completas de dimes y diretes, el 14 de julio, en un programa de radio, representantes de Estado y Municipio pactaron una “tregua”, misma que ni dos días duró, ya que el munícipe acusó a Eduardo Olmos de diseñar mal las rutas alternasal DVR. Por último, el capítulo más reciente de esta amarga telenovela. En la semana que acaba de terminar se dio a conocer que la Suprema Corte de Justicia de laNación ordenó detener las obras que el Gobierno Estatal realiza en Torreón hasta que se resuelva de fondo el juicio de controversia constitucional promovido por el Ayuntamiento contra la SDRL. Sobre este caso, hasta hoy no hay una salida. Como puede verse, el desgaste ha sido gradual y los ataques velados de hace algunos meses se han convertido ahora en agresiones directas. Más allá de asumir una postura y ver quién tiene la razón, lo cierto es que ambos mandatarios están faltando a su palabra y le están fallando a sus patrones, es decir, los contribuyente que con sus impuestos les pagan su nada despreciable sueldo y que desgraciadamente ahora se han convertido en observadores impotentes de una pugna no sólo estéril, sino nociva.