NOTI-SNTE SECCIÓN 35

Del Municipio con el Estado, se puede argumentar que la Secretaría de Desarrollo Regional (SDRL) ha causado más dañoque beneficio, pues el litigio sobre la dependenciaterminó paralizando proyectos importantes. Se puede argumentar también que el Municipio tuvo una reacción desmedida al presentar una controversia constitucional contra la secretaría, cuando una salida más eficiente era agilizar la comunicación entre ambos niveles de Gobierno. El alcalde José Ángel Pérez, insiste que su objetivo es defender la autonomía municipal. Es loable, sin duda, pero intentarlo cuando se carece de unmarco legal para hacer efectivo ese principio constitucional, debió darle pausa al alcalde. Y hacerlo de la manera tan burda como se ha evidenciado en los últimos días, es un suicidio. La orden de la Suprema Corte al Gobierno del Estado para detener las obras que ejecuta en Torreón es dañina para la rapidez con la que la ciudad debe dotarse de la infraestructura necesaria para su desarrollo. Pero el Municipio ha fallado notablemente en su estrategia jurídica. Alega falta de acuerdos cuandoes la misma Administración municipal la encargada de cinco de las nueve obras reclamadas. Y un hecho dado a conocer hoy pone en evidencia la incapacidad del Municipio para ganar la controversia. En su reclamación a la Corte, los abogados del Municipio pidieron detener dos obras que ya están terminadas y una más que la ubican en una calle que no existe. Cómo se pudieron colar estas incongruencias en un documento tan delicado como lo es una controversia constitucional, ante el máximo tribunal del país, escapa toda lógica. No nos toca decir si la SDRL es constitucional o no. Es evidente que la SDRL fue convertida por el Gobierno del Estado en un instrumento político al ser encabezada por el ex candidato a la alcaldía, Eduardo Olmos, que se ha embarcado en una campaña de promoción que no se ha visto en otros miembros del Gabinete del gobernador Humberto Moreira. Pero la acción del Ayuntamiento ha sido desmedida. En parte, es también egoísta pues la desaparición de la SDRL privaría a los otros cuatro municipios de La Laguna coahuilense de un importante actor para su desarrollo, dada la huella que el Estado deja en municipios más pobres que más necesitan su ayuda. Ahora, al ser evidente que la reclamación del Municipio estuvo integrada con ineptitud, el alcalde José Ángel Pérez, ha terminado contra las cuerdas en una batalla que difícilmente podrá ganar. Debe considerar seriamente desistirse de la controversia y buscar otras formas de cohabitar con el Gobierno del Estado. Éste, por su parte, debe garantizar las condiciones para trabajar de forma armónica por el bien de la ciudad.

Eso es lo único que importa.